ASIGNACION UNIVERSAL POR HIJO/A PARA FRENAR EL HAMBRELuego de varios años de crecimiento económico de nuestro país, los límites de una mala distribución, la crisis internacional, la falta de políticas sociales universales, nos han llevado nuevamente a que la pobreza más atroz aparezca en cada rincón de nuestro país y, más terriblemente, en nuestra Provincia de Bueno Aires.
Desde el año 2001, cientos de organizaciones sociales y políticas populares, vienen proponiendo la aplicación de una Asignación universal por hijo/a de las familias que no cuentan con ingresos mínimos estables. Hoy vuelve a aparecer este debate con renovadas aristas: un Gobierno Nacional que se niega a enfrentarlo y para eso desafía a decir “de dónde saldrían los fondos”, una oposición mayoritariamente de derecha que lo utiliza para pegarle al Gobierno pero lejos está de querer hacerlo realmente y a su vez propone la baja de retenciones, lo cual haría imposible su financiamiento.
Por otro lado, las mismas y nuevas organizaciones sociales y políticas populares que lo plantearon allá por el 2001, hoy con mayor reconocimiento social y peso institucional (Diputados Nacionales, Provinciales, Concejales, etc.), levantan la propuesta de: Asignación Universal por hijo/a de familias sin ingresos estables con el financiamiento de rentas que hoy no se pagan, como un impuesto a la renta financiera (paga Ganancias la verdulería de la esquina, pero no los que ponen dinero en la Bolsa), a la renta petrolera y minera (con exenciones espectaculares si se tiene en cuenta que son recursos no renovables.
La pobreza nos duele a todos, se escucha muy frecuentemente, lo que hay que saber es si lo que nos duele lo vamos a curar con propuestas de fondo o simplemente se busca “ganar tiempo”. El desafío sigue siendo la construcción de un país para todos o un país donde la concentración sea el lujo y beneficio de unos pocos y el hambre de millones.
Para desentrañar este debate, dos notas que grafican y aportan a la implementación de esta propuesta de políticas sociales.
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La política de Niñez en el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
Los pibes no están primero.
Por Ivanna Rezano *
Desde que asumió este Gobierno provincial al mando de Daniel Scioli, los que tenemos una mirada integral de las políticas sociales y específicamente en el área de niñez, adolescencia y juventud, fuimos comprobando en los hechos que el doble discurso iba a ser el rasgo principal. Más allá de buenas intenciones de funcionarios/as, que a poco de andar se terminaron yendo, impotentes por la falta de decisión política que impregna a todo el accionar de Scioli y su Gobierno.
El aumento de pibes en la calle que todos vemos, el avance del paco, la involución en la mirada que se logró plasmar con el trabajo y la lucha de muchos en la Ley 13.298, la total tergiversación de datos que hizo el propio titular de la Policía Bonaerense al señalar que son mayoritarios los delitos cometidos por menores, desmentido esto por la estadística oficial y el entonces Ministro Daniel Arroyo, son muestras de una política que lejos está del progresismo y del modelo de inclusión que se sostiene desde el discurso.En menos de dos años de gestión de Scioli ya han renunciado las dos Subsecretarias de Niñez que se nombraron. Primero fue Martha Arriola, valorada militante y técnica de la protección y promoción de Derechos y gran aporte a la reforma policial que venía llevando adelante el ex Ministro de Seguridad León Arslanian.. Recientemente y con poca difusión oficial renunció Cristina Tabolaro, quien nunca terminó de asentarse en la Subsecretaría por las promesas incumplidas de fortalecer presupuestariamente el área según lo que determina la Ley.Frente al doble discurso de Scioli y compañía, sumada la salida de Arroyo del Gabinete provincial remplazado por el “ortodoxo” intendente de Avellaneda como claro gesto a los “caciques” después de las elecciones (¡Esto no es leer el resultado del 28!), es preciso poner fuertemente en la agenda de la provincia más grande y más injusta de la Argentina el tema de la Niñez , la adolescencia y la juventud en riesgo.Distintos sectores, dirigentes, algunos funcionarios y muchas organizaciones que trabajamos por los derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, tenemos la obligación y el compromiso de luchar por un futuro digno, por una provincia de Buenos Aires y un país que ofrezcan algo más que indiferencia o peor, represión, para nuestros pibes y pibas.Seis millones y medio de pibes/as pobres, y tres millones y medios de chicos/as con hambre en el país son un crimen, no hay que darle mucha vuelta.
Es urgente activar políticas públicas para la niñez, la adolescencia y la juventud. ¿Cómo puede ser que se hable de los pibes delincuentes, ocultando que esos pibes y miles otros que no delinquen se crían en la violencia, sin escuelas y hospitales dignos, con frío, con hambre, con padres desocupados, con drogas, con represión para algunos y vía libre para el delito de los que están apañados por el poder?Falsear estadísticas para demonizar a nuestros chicos/as no es para nada progresista, darle más y más poder a la Bonaerense no es para nada progresista, darse el lujo de perder dos subsecretarias y un ministro con intenciones de hacer algo y sostener a la vieja política y la vieja policía no es para nada progresista.
Desde el espacio Nuevo Encuentro, desde Libres del Sur, tal como lo viene sosteniendo la Central de los Trabajadores Argentinos, planteamos la Asignación universal por hijo/a de $ 300 para erradicar el hambre. Y también proponemos de dónde sacar la plata para esto y otras políticas en beneficio de los más humildes: de un impuesto a la renta petrolera, a la minera y a la renta financiera. Es decir, de la justa distribución de la riqueza.El sentido de supervivencia de todo grupo humano (y animal) es cuidar a sus “crías”. Basta de doble discurso, podemos sacar a nuestros pibes y pibas del hambre y la droga, sólo hay que poner las convicciones por delante.
* Concejal de Almirante Brown, Presidenta Comisión DDHH, Igualdad de Oportunidades y Género HCD Alte. Brown, Dirigente de Nuevo Encuentro y Libres del Sur.
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Un imperativo ético impostergable
Por Mariano H. Grandoli *
Por Mariano H. Grandoli *
Desde diversos sectores políticos se ha venido insistiendo en la necesidad de aprobar un ingreso universal para la niñez. El enunciado muchas veces es pronunciado de manera vaga, sin precisiones. Es una pena. Esta cuestión merece ser tratada con rigurosidad. Primero, la propuesta de una asignación “universal” por hijo no parece adecuada. Son conocidas las limitaciones presupuestarias del sistema de seguridad social. Si se eliminaran los topes salariales y no se incorporaran nuevas fuentes de financiamiento, eso redundaría en un serio riesgo para la sustentabilidad del sistema. En breve plazo su continuidad estaría en peligro.
La alternativa más factible es que el Congreso extienda el régimen de asignaciones familiares a los sectores pobres e indigentes. La propuesta cuenta con suficiente respaldo de la Constitución y de los tratados internacionales que se incorporaron con la reforma constitucional de 1994. De esas normas se desprende un principio que debería hacerse efectivo en la legislación de cada país: el apoyo económico que perciben los trabajadores registrados del sector privado debe ampliarse –a través del Estado– a todas las familias. Esa extensión debe concretarse a través de una ley del Congreso. Eso no ha sucedido en la Argentina.
Muy por el contrario, el decreto 770/96, firmado por Menem y Cavallo, redujo irrazonablemente el número de las prestaciones y fijó un tope salarial bajo para el derecho al cobro de éstas. Tales medidas luego fueron atenuadas por la ley 24.714. Sin embargo, la nueva ley no incorporó a los sectores en situación socioeconómica más vulnerable.
El 8 de abril presentamos un proyecto en la Cámara de Diputados. El sentido de la propuesta era sancionar una ley complementaria a la 24.714, que les reconociera a las familias en situación de mayor vulnerabilidad social el derecho a percibir:
a) una asignación por hijo, que el Estado abonará mensualmente por cada hijo menor de 5 años de edad, cuando ninguno de los progenitores percibiera el beneficio que contempla el artículo 7º de la ley 24.714. El beneficio está dirigido a los progenitores que trabajen en el sector informal de la economía, en el servicio doméstico, se desempeñen como monotributistas sociales o se encontraren desocupados;
b) una asignación por escolaridad, que sustituirá a la anterior a partir de los cinco años de edad y hasta los 18, con la exigencia de que asista a un establecimiento de educación primaria o secundaria;
c) una asignación por ayuda escolar anual, semejante a la contemplada en la ley 24.714, que se abonará en las mismas condiciones que las previstas en esta última norma y por igual monto;
d) una asignación por nacimiento de hijo y por adopción.
Las asignaciones deberían pagarse a la madre, con excepción del caso en que el padre acredite que el menor vive sólo con él en forma permanente. Si no viviera con ninguno de ellos, a la persona o institución que tuviese la guarda, tenencia o tutela pues, en definitiva, los beneficiarios principales de ellas son los menores, no sus progenitores.
Las asignaciones deberían pagarse a la madre, con excepción del caso en que el padre acredite que el menor vive sólo con él en forma permanente. Si no viviera con ninguno de ellos, a la persona o institución que tuviese la guarda, tenencia o tutela pues, en definitiva, los beneficiarios principales de ellas son los menores, no sus progenitores.
Condiciones precisas y objetivas fijadas para el otorgamiento impedirán el clientelismo político y los manejos discrecionales. Al tratarse de una “extensión” de un beneficio que ya cobran los trabajadores registrados del sector privado, se evitará la estigmatización a los sectores más vulnerables, como sucede hoy con el otorgamiento de subsidios especiales.
La aprobación de este proyecto demandará importantes recursos al Estado. El problema sería cómo financiarlo. Para que sea posible esa iniciativa, es necesario que se sostengan las retenciones o derechos de exportación. Ante las posturas más extremas de la Mesa de Enlace, que propone abolirlas o reducirlas drásticamente, citamos el proyecto estratégico de la UBA, el Plan Fénix: “Hoy más que nunca, desguarnecer al Estado constituye un grave paso en falso. No es éste el momento de privilegiar intereses sectoriales. Sólo los acreedores de la aún impaga deuda social de la Argentina tienen derechos a este tipo de reclamo: hablamos de niveles de pobreza y marginalidad que no pueden ser aceptables” (Página/12, 29/3/09).
Los recursos para otorgar las asignaciones mencionadas implicarían una masa monetaria de indudable impacto sobre el nivel de consumo general, que estaría destinado a bienes de procedencia interna. El gasto se concentraría en productos de la canasta básica alimentaria. Este aliciente de la demanda supondría una fuente muy importante de creación de nuevas actividades productivas y de empleo. Es preciso señalar también que los beneficios aquí propuestos alcanzarán a los niños desde su nacimiento, lo que garantiza un serio combate contra la desnutrición.
El derecho a una vida digna constituye un imperativo ético impostergable, que no puede ser nuevamente remitido a un futuro incierto y lejano.
La aprobación de este proyecto demandará importantes recursos al Estado. El problema sería cómo financiarlo. Para que sea posible esa iniciativa, es necesario que se sostengan las retenciones o derechos de exportación. Ante las posturas más extremas de la Mesa de Enlace, que propone abolirlas o reducirlas drásticamente, citamos el proyecto estratégico de la UBA, el Plan Fénix: “Hoy más que nunca, desguarnecer al Estado constituye un grave paso en falso. No es éste el momento de privilegiar intereses sectoriales. Sólo los acreedores de la aún impaga deuda social de la Argentina tienen derechos a este tipo de reclamo: hablamos de niveles de pobreza y marginalidad que no pueden ser aceptables” (Página/12, 29/3/09).
Los recursos para otorgar las asignaciones mencionadas implicarían una masa monetaria de indudable impacto sobre el nivel de consumo general, que estaría destinado a bienes de procedencia interna. El gasto se concentraría en productos de la canasta básica alimentaria. Este aliciente de la demanda supondría una fuente muy importante de creación de nuevas actividades productivas y de empleo. Es preciso señalar también que los beneficios aquí propuestos alcanzarán a los niños desde su nacimiento, lo que garantiza un serio combate contra la desnutrición.
El derecho a una vida digna constituye un imperativo ético impostergable, que no puede ser nuevamente remitido a un futuro incierto y lejano.
* Abogado laboralista, ex juez nacional del Trabajo, miembro del espacio Carta Abierta
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Entrevista a Hugo Gasalla, Secretario General de la CTA de Almirante Brown
“No faltan recursos, falta desición política”
1) ¿ la CTA fue la organizacion promotora original de esta propuesta hace varios años con los 3 millones de votos del FRENAPO alla por el 2001, porque consideraran que no se ha logrado aun y como ven actualmente las posibilidades de concretar este anhelo? y en este sentido el gobierno plantea como problema principal la imposibilidad de financiar una herramienta universal de este tipo, como considera la Central que se puede financiar la implementacion del Ingreso Universal por Hijo?
2) ¿ como continua el plan de accion futuro de la CTA hacia la concrecion de este objetivo?
1) Si no se pudo implementar aún se debe a la falta de una decisión política, no cremos que sea por falta de recursos, ya que se podrían obtener de las retenciones agropecuarias y al mismo tiempo debería aplicarse impuestos a las transacciones financieras, a la renta petrolera, en definitiva es necesaria una reforma impositiva para que paguen más los que más tienen y no como sucede por ejemplo con el IVA que se aplica a todos por igual, cuando debería diferenciarse para los productos de la canasta básica de alimentos.
Se puede concretar si se avanza en la distribución de la riqueza, para lo cual es necesario consolidar medidas distributivas, como las mencionadas, la prohibición de despidos y permitir la discusión en paritarias libres, aumento de emergencia y 82% movil para los jubilados, entre otras.
2) La CTA viene desarrollando acciones con el proposito de lograr que se puedan concretar estas demandas. Por eso el Congreso que realizamos en marzo facultó a la Mesa Nacional a ir fijando las medidas que lleven adelante este plan de acción. Así, se realizó la Jornada Nacional de Lucha del 22/4 y el Paro Nacional con movilizaciones del 27/5. Luego fuimos convocados al Consejo del Salario, donde no pudimos avanzar en estas propuestas porque con el voto de las patronales de la industria, el agro, las finanzas y los servicios, de la CGT y el Gobierno se impuso un criterio de realizar un escaso y escalonado aumento del salario mínimo y se dió por finalizada esa instancia, que desde la CTA plantebamos que el Consejo debería tener un funcionamiento permanente para ir evaluando la aplicación de las medidas que venimos solicitando, por eso los delegados de la Central votaron en contra. Ante esta situación se convocó a una nueva Jornada Nacional de Movilización del 7/8 donde marchamos a la sede del Ministerio de Trabajo y a cada una de sus delegaciones provinciales. El 20/8 fuimos nuevamente convocados, ahora a participar del Consejo Económico y Social. La CTA participará de ese ámbito llevando como propuesta la necesidad de avanzar con políticas públicas, que apuntalen el blindaje social y profundizar la distribución de la riqueza. En ese contexto se destaca la propuesta de la asignación familiar por hijo, la creación de un seguro de empleo y formación para los trabajadores no registrados y desocupados, y la aprobación de una norma nacional que impida los despidos sin causa, además de la ratificación de los convenios de la OIT incluidos en el Pacto de la Defensa del Empleo y del Salario, aprobados en la 98º Conferencia de la OIT realizada en junio de este año.
Otro sentido reclamo es el de libertad y democracia sindical, que no significa solamente la personería gremial a la CTA, sino el reconocimiento de las más de 1400 organizaciones simplemente inscriptas para que puedan elegir sus delegados, evitar las persecuciones y despidos que sufren dichos trabajadores y asumir desde lo legal la representación que legítimamente les corresponde.
En Alte. Brown hemos conformado una multisectorial con otras organizaciones políticas y sociales con el fin de instalar esta agenda social. En lo particular creemos que el reclamo más inmediato es la creación del Consejo Local de Niñez, en el marco de la Ley 13298, el convenio que el municipio firmó a mediado del año pasado y la ordenanza sancionada a fines del 2008. Del mismo tienen que participar todas las organizaciones que desempeñen un trabajo con la niñez en conjunto con las distintas áreas del gobierno municipal para discutir la política de estado con repecto a la niñez, la adolescencia y la juventud en el ámbito municipal, como parte de una pólitica provincial que se enmarca en la Ley de Promoción y Protección de los derechos de la Niñez y la Ley que crea el Fuero Penal Juvenil. Este nuevo sistema derogó el patronato, con lo que se genera un nuevo paradigma que plantea una nueva relación de la sociedad y el Estado con la niñez y la juventud.
“No faltan recursos, falta desición política”1) ¿ la CTA fue la organizacion promotora original de esta propuesta hace varios años con los 3 millones de votos del FRENAPO alla por el 2001, porque consideraran que no se ha logrado aun y como ven actualmente las posibilidades de concretar este anhelo? y en este sentido el gobierno plantea como problema principal la imposibilidad de financiar una herramienta universal de este tipo, como considera la Central que se puede financiar la implementacion del Ingreso Universal por Hijo?
2) ¿ como continua el plan de accion futuro de la CTA hacia la concrecion de este objetivo?
1) Si no se pudo implementar aún se debe a la falta de una decisión política, no cremos que sea por falta de recursos, ya que se podrían obtener de las retenciones agropecuarias y al mismo tiempo debería aplicarse impuestos a las transacciones financieras, a la renta petrolera, en definitiva es necesaria una reforma impositiva para que paguen más los que más tienen y no como sucede por ejemplo con el IVA que se aplica a todos por igual, cuando debería diferenciarse para los productos de la canasta básica de alimentos.
Se puede concretar si se avanza en la distribución de la riqueza, para lo cual es necesario consolidar medidas distributivas, como las mencionadas, la prohibición de despidos y permitir la discusión en paritarias libres, aumento de emergencia y 82% movil para los jubilados, entre otras.
2) La CTA viene desarrollando acciones con el proposito de lograr que se puedan concretar estas demandas. Por eso el Congreso que realizamos en marzo facultó a la Mesa Nacional a ir fijando las medidas que lleven adelante este plan de acción. Así, se realizó la Jornada Nacional de Lucha del 22/4 y el Paro Nacional con movilizaciones del 27/5. Luego fuimos convocados al Consejo del Salario, donde no pudimos avanzar en estas propuestas porque con el voto de las patronales de la industria, el agro, las finanzas y los servicios, de la CGT y el Gobierno se impuso un criterio de realizar un escaso y escalonado aumento del salario mínimo y se dió por finalizada esa instancia, que desde la CTA plantebamos que el Consejo debería tener un funcionamiento permanente para ir evaluando la aplicación de las medidas que venimos solicitando, por eso los delegados de la Central votaron en contra. Ante esta situación se convocó a una nueva Jornada Nacional de Movilización del 7/8 donde marchamos a la sede del Ministerio de Trabajo y a cada una de sus delegaciones provinciales. El 20/8 fuimos nuevamente convocados, ahora a participar del Consejo Económico y Social. La CTA participará de ese ámbito llevando como propuesta la necesidad de avanzar con políticas públicas, que apuntalen el blindaje social y profundizar la distribución de la riqueza. En ese contexto se destaca la propuesta de la asignación familiar por hijo, la creación de un seguro de empleo y formación para los trabajadores no registrados y desocupados, y la aprobación de una norma nacional que impida los despidos sin causa, además de la ratificación de los convenios de la OIT incluidos en el Pacto de la Defensa del Empleo y del Salario, aprobados en la 98º Conferencia de la OIT realizada en junio de este año.
Otro sentido reclamo es el de libertad y democracia sindical, que no significa solamente la personería gremial a la CTA, sino el reconocimiento de las más de 1400 organizaciones simplemente inscriptas para que puedan elegir sus delegados, evitar las persecuciones y despidos que sufren dichos trabajadores y asumir desde lo legal la representación que legítimamente les corresponde.
En Alte. Brown hemos conformado una multisectorial con otras organizaciones políticas y sociales con el fin de instalar esta agenda social. En lo particular creemos que el reclamo más inmediato es la creación del Consejo Local de Niñez, en el marco de la Ley 13298, el convenio que el municipio firmó a mediado del año pasado y la ordenanza sancionada a fines del 2008. Del mismo tienen que participar todas las organizaciones que desempeñen un trabajo con la niñez en conjunto con las distintas áreas del gobierno municipal para discutir la política de estado con repecto a la niñez, la adolescencia y la juventud en el ámbito municipal, como parte de una pólitica provincial que se enmarca en la Ley de Promoción y Protección de los derechos de la Niñez y la Ley que crea el Fuero Penal Juvenil. Este nuevo sistema derogó el patronato, con lo que se genera un nuevo paradigma que plantea una nueva relación de la sociedad y el Estado con la niñez y la juventud.
